En la práctica diaria de un despacho o de una administración de fincas, los plazos aprietan, los clientes presionan y la tentación de ir “directos al juzgado” sigue muy presente. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, ese atajo puede salir caro.
El intento previo de un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) ya no es una recomendación: es un requisito legal en muchos procedimientos civiles y mercantiles.
El problema es que todavía existe desconocimiento real sobre las consecuencias jurídicas de no cumplir este trámite o de hacerlo de forma incorrecta. Y esas consecuencias no son menores.
Consecuencias legales de no intentar un MASC antes de demandar
La principal consecuencia es clara: la demanda puede no ser admitida a trámite.
La ley exige que el órgano judicial compruebe que se ha realizado un intento previo y real de solución extrajudicial del conflicto, salvo en los supuestos expresamente excluidos.
Si el juzgado entiende que:
- No se ha intentado ningún MASC
- El intento ha sido meramente formal o insuficiente
- No se puede acreditar documentalmente el “esfuerzo razonable”
la demanda puede ser inadmitida, con el consiguiente perjuicio para el cliente… y para el profesional que la ha presentado.
Casos reales de sanción o consecuencias prácticas
Aunque todavía estamos en una fase inicial de aplicación de la norma, ya se están viendo situaciones muy claras en la práctica forense:
- Requerimientos judiciales previos para que el demandante subsane la falta de acreditación del MASC, con pérdida de tiempo y dilación del procedimiento.
- Inadmisiones directas cuando no se acompaña un documento válido que pruebe el intento de resolución extrajudicial.
- Imposición de costas o valoraciones negativas de la conducta procesal de la parte que no ha cumplido correctamente con la exigencia legal.
En todos estos supuestos, el problema no suele ser la falta de razón jurídica en el fondo del asunto, sino un fallo formal evitable.
Impacto en el proceso judicial y en la estrategia del despacho
No cumplir adecuadamente con el MASC tiene un impacto directo en varios niveles:
- Retraso en el inicio del procedimiento, lo que afecta a plazos, prescripciones y expectativas del cliente.
- Pérdida de credibilidad procesal, especialmente cuando el juzgado percibe que el intento de acuerdo ha sido inexistente o poco serio.
- Sobrecarga interna de trabajo, al tener que rehacer trámites, enviar comunicaciones apresuradas o justificar actuaciones mal documentadas.
Además, desde un punto de vista estratégico, un MASC bien gestionado puede incluso favorecer una solución temprana o, como mínimo, dejar una imagen de buena fe procesal muy valiosa de cara al juez.
Cómo evitar problemas y cumplir correctamente con la ley
La clave no está solo en “hacer algo”, sino en hacerlo bien y poder acreditarlo. Para ello, es fundamental que el intento de MASC cumpla con varios requisitos:
- Intervención de un tercero neutral e independiente, sin interés en el litigio.
- Envío de las comunicaciones exigidas por la ley, incluyendo reiteraciones si no hay respuesta.
- Cumplimiento del estándar de esfuerzo razonable, no meramente simbólico.
- Obtención de un certificado con trazabilidad jurídica completa, válido para su aportación al juzgado.
Cada vez más despachos están optando por externalizar esta fase precontenciosa en profesionales que se dedican exclusivamente a gestionar MASC de forma sistemática, ágil y 100 % online. Esto permite cumplir la ley sin desviar recursos internos ni asumir riesgos innecesarios.
Conclusión: el MASC no sólo es obligatorio, es estratégico
El miedo a sanciones o a consecuencias negativas no es infundado. No acudir a un MASC —o hacerlo de forma incorrecta— puede comprometer seriamente un procedimiento perfectamente viable en el fondo.
La Ley Orgánica 1/2025 ha convertido el intento de solución extrajudicial en una pieza clave del proceso civil y mercantil. Entender sus implicaciones y gestionarlo con rigor ya forma parte del trabajo jurídico bien hecho.
Una forma segura de cumplir sin cargar al equipo
Para muchos despachos y administradores de fincas, la solución pasa por delegar el MASC en un tercero especializado como CertiDEMANDA, que actúe con neutralidad, cumpla todos los requisitos legales y emita un certificado sólido que evite problemas ante el juzgado.
Externalizar esta fase permite centrarse en la estrategia jurídica del asunto, con la tranquilidad de saber que el requisito previo se ha gestionado de forma profesional, eficiente y conforme a la ley.